EL 39 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE OSVALDO CAMBIASSO Y EDUARDO PEREYRA ROSSI EN LIMA
El pasado 14 de Mayo se
cumplieron 39 años del secuestro y
desaparición de los militantes justicialistas Osvaldo Agustín Cambiasso y
Eduardo Daniel Pereyra Rossi y su posterior asesinato en el Km 103 de la Ruta
Panamericana en la Ciudad de Lima. (Prov. de Bs. As.)
Las víctimas.
Eduardo Pereyra Rossi tenía 33 años cuando fue
asesinado. A principios de la década del 70 fue detenido por su activismo
político en contra de la entonces dictadura del general Lanusse. En 1973
recuperó su libertad gracias a la Ley de Amnistía del presidente Héctor José Cámpora.
En ese momento pasó a ser jefe de prensa de la organización Montoneros entre 1975 y 1976 que venía resistiendo al
terrorismo de estado. Y a fines de 1976 pasó a ser jefe en la zona sur de la Provincia
de Buenos Aires. Había partido en 1977 hacia el
exilio en México, siendo jefe de difusión de Montoneros en México y participó
en la contraofensiva
de Montoneros en
1979 en la misma Provincia de Buenos Aires.
Osvaldo Agustín Cambiaso cayó en prisión por primera
vez también durante la dictadura temprana del general Lanusse. .Al momento de
ser secuestrado tenía 42 años, era soltero y trabajaba en la fundación de la
sede rosarina de la Agrupación Peronista para la Liberación, que formaba parte
de la corriente Intransigencia y Movilización Peronista orientada por Vicente
Leónidas Saadi. Era ingeniero químico. Estaba bajo libertad condicional cuando
fue secuestrado en 1983.
El hecho.
Cambiaso y Pereyra conversaban en el bar Magnum,
ubicado en la esquina de Córdoba y Ovidio Lagos, en Rosario cuando fueron secuestrados por
un grupo parapolicial; tres días después sus cuerpos aparecieron baleados en la
Ciudad de Lima, en el Partido de Zárate. El 17 de mayo el ministerio de Interior de la Nación y la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires informaron que habían sido “abatidos en
un enfrentamiento” con efectivos del Comando Radioeléctrico de la
Unidad Regional de Tigre. Los policías involucrados eran los suboficiales Rodolfo
Diéguez, Juan Amadeo Spataro y el oficial principal Luis Abelardo Patti.
Los peritajes demostraron que ambos fueron golpeados y
torturados antes de morir. Había hematomas, rastros del empleo de picana
eléctrica y muestras de pólvora sobre el antebrazo izquierdo de Pereyra Rossi
originadas por un disparo a quemarropa. Un año después, un testigo reveló ante
la Justicia que el jefe de la Unidad Regional de Tigre, Florencio Alcántara le confió “detalles precisos de su actuación para fraguar el supuesto
enfrentamiento”.6 La investigación tomó impulso con lo hecho por el
juez penal de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti. Fue él quien dictó la prisión preventiva de los policías. Tras una tercera
autopsia, el doctor Eduardo Pedace, experto en
balística, constató la presencia de granos de pólvora en la piel de la cara de
Pereyra Rossi, lo que refutó a Patti en sus dichos sobre la distancia y la
posición de tiro. Los disparos fueron hechos desde menos de dos metros, un
metro y medio más cerca de lo que había jurado Luis Patti.
Primeras consecuencias jurídicas.
El sangriento episodio conmovió a la opinión pública.
El brigadier general Augusto Hughes reclamó un cónclave urgente con el teniente
general Cristino Nicolaides y el almirante Rubén Franco. La conmoción que provocaron esas muertes habilitó
rumores de un autogolpe. El caso Cambiaso y Pereyra Rossi se sumó a una
treintena de hechos intimidatorios que se habían registrado en los primeros
meses de 1983, en perjuicio de militantes populares, magistrados, y hasta
exfuncionarios del propio gobierno militar que se atrevieron a formular algunas
críticas, tal como lo consignó en su momento el diario montonero "La
Voz".
Dirigentes de distintas tendencias políticas, reunidos
en una conferencia de prensa, hicieron responsable “a un sector del Ejército” y
agregaron que el gobierno “se transforma en cómplice de este asesinato al
pretender que los militantes peronistas murieron en un enfrentamiento”. Poco
después, a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), abogados de diferentes corrientes
políticas conformaron una Comisión Investigadora que se ocupó del caso.
Participaron activamente Marcelo Parrili, Augusto Conte y Nilda Garré,
entre otros.
El 30 de mayo de 1983, el juez
federal Luis Hilario Milessi, que había caratulado la causa como “atentado y resistencia a la
autoridad, abuso de armas, doble homicidio en riña y tenencia de arma”,
indagó a los tres policías acusados de asesinar a Cambiaso y Pereyra Rossi;
ellos ratificaron que “habían abatido” a los militantes en un camino de tierra
lateral a la ruta Panamericana. El juez señaló que los tres vestían, en el
momento de ser detenidos, uniformes reglamentarios, el armamento policial
oficial –escopetas e Itakas- y se desplazaban en un patrullero de la fuerza.
Aún quince días después del crimen aún se desconocían los datos reales de la
segunda autopsia realizada por los forenses de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
Gracias al trabajo de investigación de la Comisión
Investigadora, el sábado 18 de junio, el juez Marchetti, juez a cargo del juzgado
interviniente, dispuso la prisión preventiva de los tres agentes de la
Bonaerense y caratuló las actuaciones como “homicidio calificado reiterado”,
delito que implica la pena de cadena perpetua. Ordenó además la detención del
médico policial José Gobbi, quien trabajaba en la seccional de
Lima y tuvo a su cargo la primera autopsia sobre los cadáveres, y del
comisario Carlos Pascual Guaragna, quien había ordenado que el examen se realizara en
condiciones que fueron definidas como “viciadas”; ambos fueron acusados de
falso testimonio y falsificación de documento público.
El dictamen de Marchetti explicó que Pereyra Rossi “recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza que provocó la destrucción de todos los huesos del cráneo, de la hemicara derecha en su totalidad y la desaparición de la masa encefálica”, que fue “efectuado desde aproximadamente entre dos y cuatro metros de distancia”.
Un segundo
disparo perforó su antebrazo izquierdo a una distancia no mayor de 1,5 metros
teniendo en cuenta la presencia de pólvora en la región y el tercero penetró en
la región flanco izquierda, cuya distancia de tiro fue estimada en dos metros.
Por último, el informe se refería a las “lesiones extrabalísticas pre morten
que inexplicablemente no han sido consignadas por el médico de la policía”.
Gobbi omitió 16 hematomas en distintas partes del cuerpo de Cambiaso “a saber,
en regiones mastoides izquierda, dorso mano derecha, dedo medio derecho y en
piel despliegue entre dedo índice y pulgar”.
Para ese entonces, el juez rosarino Jorge Eldo Juárez, que investigaba la denuncia de los secuestros, había remitido ya todas
las actuaciones al doctor Marchetti y pedido la unificación de las causas, con
lo cual confirmaba de hecho la primera parte de la de denuncia. Juárez fue
amenazado de muerte en reiteradas oportunidades, lo mismo que varios militantes
de derechos humanos. La decisión de Marchetti se basaba en el informe de los
peritos designados por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que había
determinado que los policías involucrados dispararon a quemarropa.
El 21 de junio de 1983, la policía de la provincia de Buenos Aires presentó un recurso de habeas corpus en favor de los tres policías procesados por el secuestro y muerte de Cambiaso y Pereyra Rossi. En tanto, el doctor Pedace confirmó que Pereyra Rossi también había sido torturado.
El 4 de noviembre, la Cámara Segunda de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento provisorio de los tres policías acusados y ratificó así el pronunciamiento previo del juez Marchetti.
El tribunal
consignó en su fallo que los testigos fueron, extrañamente, modificando sus
dichos originales. En palabras de la Cámara: “Uno no vio lo que parece insólito
no viera, otro no oyó lo que era audible para cualquiera; aquel no estaba donde
debía estar”. Además, calificó como “de débil contextura” la credibilidad de
Patti. Pero igual dictó el sobreseimiento. La decisión fue apelada por los
padres de Cambiaso y por el fiscal Leonardo Migliaro. Así se puso fin a los
cinco meses que los uniformados habían pasado en prisión.
El caso se reflota.
En marzo de 1998, un diputado provincial santafesino, el justicialista Orlando Barquín, reflotó el tema con un proyecto para que “se agoten y arbitren todos los recursos disponibles para el total esclarecimiento del hecho”. El legislador consideró que el secuestro y asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi constituye:
“el
último caso testigo de una metodología planificada y ejecutada por el
terrorismo de Estado. Bajo el eufemismo de un ‘enfrentamiento’, se daba cuenta
de los asesinatos cuando en realidad ambas víctimas habían sido secuestradas en
Rosario tres días antes de que se encontraran sus cuerpos. La autopsia así lo
demostró, reconociendo la existencia de torturas y señalando el día y hora en
que se produjeron las muertes: el 14 de mayo de 1983, a las 17 horas”. (Patti
y sus secuaces) “fueron procesados y luego sobreseídos por lo cual sostenemos
que el caso no ha sido esclarecido y que deben implementarse todos los
mecanismos legales disponibles para hallar a los culpables”.
Entre otras cosas, se trató de establecer las
responsabilidades que le caben al entonces intendente rosarino de la dictadura,
y actual diputado nacional, Alberto Natale.
Ethel y Gladys Cambiaso presentaron, en junio de 1999,
ante el juez español Baltasar Garzón una denuncia contra Bignone y
Patti por asociación ilícita, homicidio calificado y secuestro.
Nueva reactivación de la causa.
La investigación judicial del caso Cambiaso-Pereyra
Rossi estuvo paralizada por más de dos décadas, a partir del dudoso
sobreseimiento de Patti, pero en 2005 fue reactivada por los querellantes y el
fiscal federal Juan Murray. La Cámara de Apelaciones de Rosario tiene en sus
manos la posibilidad de destrabar el expediente, y aceptó reunirse con los
diputados Remo Carlotto y Victoria Donda, y con funcionarios de las secretarías
de Derechos Humanos nacional y bonaerense.
Condena a los culpables.
En 2016, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario condenó
al excomisario Luis Patti y a los represores Pascual Oscar Guerrieri, Luis
Américo Muñoz y Juan Amadeo Spataro por el secuestro y asesinato de los
militantes peronistas Osvaldo "El Viejo" Cambiaso y Eduardo
"Carlón" Pereyra Rossi ocurrido en 1983. Los fundamentos de la
sentencia se conocerán el 1° de julio próximo
HOY EN EL MES DE MAYO, RECUPERAMOS LA MEMORIA DE LOS MÁRTIRES DEL PERONISMO Y DEL CAMPO NACIONAL-POPULAR. Y DE TODOS AQUELLOS QUE DIERON LA VIDA POR UN MUNDO MAS SOLIDARIO, HUMANISTA Y CRISTIANO.
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